A lo largo de los próximos meses los habitantes de la Micrópolis se enfrentan a un reto sin precedentes: la decisión de prohibir o no el consumo de tabaco de forma total en los espacios públicos de nuestra comunidad. Una elección histórica que podría convertirnos en un referente internacional para la protección de la salud pública.
La inexistencia de modelos similares en otras comunidades es precisamente la mayor fortaleza y la debilidad de esta iniciativa, que se decidirá mediante el instrumento más demócratico de cuantos haya en el sistema: el referéndum popular. Esta votación tomará el pulso a la madurez democrática de los habitantes, quienes tendrán que decidir si en una sociedad justa -la que hemos pretendido ser desde los inicios de nuestra historia- debe primar el concepto de justicia o el placer egoísta y nocivo de unos pocos, ese que algunos llaman libertad e incluso felicidad en un claro ejercicio de cinismo y demagogia.
¿Todo vale en la calle?
El perjuicio sobre la salud de los fumadores pasivos está más que corroborado científicamente y todos tenemos ya una conciencia real de sus efectos -de ahí nuestra primera Ley Antitabaco, gracias a la cual no está permitido fumar en recintos cerrados de acceso público-. Pero no debemos quedarnos en la superficie del problema: el fumador absorbe un 25% de las más de 5.000 sustancias dañinas que podemos encontrar en un cigarrillo. Por el contrario, el 75% restante (que se corresponde con toxinas que se crearán en el momento de encender el cigarro debido a la combustión) pasa a la atmósfera. El fumador pasivo recibe un 1% de las sustancias tóxicas si está situado cerca de un "pitillo", aunque este haya sido prendido al aire libre. ¿Por qué debe exponerse nadie que no lo desee a ese 1% de sustancias nocivas, por pequeño que sea el porcentaje?
A pesar de que el consumo de tabaco es legal en la Micrópolis, éste puede (y debe) ser regulado en la vía pública, del mismo modo que está prohibido el consumo de alcohol, de pornografía, la prostitución, la posibilidad de producir música en la calle y un largo etcétera. Todas estas son acciones legales, pero están sometidas a una serie de regulaciones que impiden que la libertad de un grupo o colectivo anule la libertad del resto, lo que se conoce como justicia: esto es, la restricción de las libertades naturales con el humano objetivo de proteger el interés general. Estas son las reglas del juego de la democracia, que, se presupone, todos aceptamos.
Además, el consumo de cigarrillos conlleva en muchos casos la suciedad de vías públicas (calles, parques, jardines, etc.), por lo que con su prohibición nunca se produciría, aumentaría la limpieza y belleza de la ciudad, además del ahorro en material como ceniceros, que podrían emplearse para la compra de otro tipo de mobiliario urbano o servicios que pudieran utilizar todos los ciudadanos.
Hablemos de dinero
El coste de la sanidad pública aumenta sustancialmente debido al consumo del tabaco. Según Juan Ruiz Manzano, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), en 2008 el Gobierno español gastó aproximadamente 14.710 millones de euros en tratar enfermedades producidas por el tabaco. Por el contrario, los impuestos que recibe el Estado debido a la venta de cajetillas únicamente incrementaron las arcas en 9.266 millones. Esto conlleva una pérdida neta de 5.444 millones de euros al año. ¿Debemos pagar todos por algo que otros podrían haber evitado?
Y la nueva ley, ¿reduce el consumo o más bien lo reconduce? Alega el gremio hostelero que la prohibición de fumar, primero en sus locales y ahora en las terrazas, reduce la afluencia de público, que ahora prefiere quedarse en casa. Por ello el consumo de productos gourmet y la venta de bebidas alcohólicas en supermercados ha aumentado sensiblemente desde la primera normativa, por lo que nuestra economía no tendría que sufrir un daño descalabrante.
Y todo el tiempo y dinero invertido en la cultura de "la caña y el café", ¿acaso no se invertirá en otra parte? Y el dinero ahorrado por los cientos de fumadores que presumiblemente dejarán de gastar 4,10 euros diarios en una cajetilla, ¿acaso lo guardarán en una hucha hasta el fin de sus días? Tal vez esta ley sirva para diversificar el consumo, lo cual podría, a medio-largo plazo, estimularlo incluso.
La base de la democracia, como decíamos, está en la aceptación de la justicia como fuente reguladora de la libertad propia y ajena. A través de la educación, el menor asimila esta idea que condicionará el resto de su vida en sociedad. Y la educación empieza en el hogar. ¿Cómo enseñar a un niño que algo está mal si su referente familiar no cumple con sus propias imposiciones? La teoría que afirma que los niños aprenden por imitación desde su infancia está debidamente sustentada por grandes psicólogos, como por ejemplo Piaget. Este establece a su vez que es posible por parte de una persona interiorizar una conducta negativa como un hecho positivo si no ha sido condenado adecuadamente desde su infancia.
El referéndum del próximo jueves será algo más que la comprobación del respaldo o no a una ley necesaria, sino la prueba de la solidaridad y la sensatez de toda una sociedad que avanza en materias sociales, económicas y sanitarias; y sobre todo, que lucha por ser un poco más justa y democrática. Porque la democracia no es sólo lugar donde todos tenemos cabida, sino donde el Estado procura protegernos a todos por igual, a veces incluso de nosotros mismos.
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